Cuando gente, que pretende reivindicar el ejercicio del voto cómo dé lugar, nombra al peruano Alejandro Toledo como un paladín del electoralismo, uno no puede menos que preocuparse.
Antes de hablar de Toledo, cabe recordar ciertos vicios presentes en los comicios efectuados en Venezuela al menos desde 2004, fuesen éstos para renovar cargos públicos o para dirimir consultas populares. Vale decir que varios de tales vicios ya eran conocidos cuando Vicente Bello y Timoteo Zambrano fungían, respectivamente, como el veedor electoral y el contacto internacional por la extinta Coordinadora Democrática, responsabilidades similares a las que han ocupado en la Mesa de la Unidad Democrática.
Más allá del ventajismo electoral y la persecución fiscal contra posibles patrocinadores de la oposición, hay que señalar estas anomalías:
Tras presentar el recuento de las inmejorables condiciones de competitividad electoral que imperan en Venezuela, como dirían Henri Falcón, Eduardo Semtei y Claudio Fermín, se pasa a revisar brevemente el caso peruano cuando la resistencia liderada por Toledo forzó la huida de Alberto Fujimori.
Tras ganar en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa en 1990, Fujimori estaba resuelto a aplicar justo las medidas neoliberales contra las que había hecho campaña. Para acabar con la resistencia legislativa y judicial, Fujimori disolvió ambos poderes mediante el autogolpe del 5 abril de 1992 y, para calmar las críticas internacionales, convocó elecciones para un órgano constituyente.
La nueva Constitución le permitió reelegirse de inmediato y la guerra al terrorismo le permitió convertir a las Fuerzas Armadas en su principal apoyo. El auge de su popularidad, tras el conflicto bélico con Ecuador por el Cenepa, le ratificó en el poder en 1995. No obstante, al cabo de 10 años, el fujimorato estaba en su peor momento y su interpretación acomodaticia de la Constitución, según la cual el quinquenio 2000-2005 sería el segundo mandato de Fujimori bajo el ordenamiento vigente, en vez de su tercero consecutivo, le generaba muchas críticas dentro y fuera del país.
Debido a su mayoría parlamentaria, Fujimori logró imponer su nueva candidatura sin despojarse de la investidura presidencial y, con base en su ventajismo, estaba seguro de arrasar en primera vuelta ante nueve rivales. No obstante, Toledo y Perú Posible dieron el batacazo el 9 de abril de 2000: Fujimori sólo pudo atribuirse 49,9% de los votos válidos y no la mayoría absoluta que le habría ratificado en la Presidencia; a su vez, Toledo alcanzaba 40,2%.
Hastiado del ventajismo y las maniobras fraudulentas del régimen, el fenómeno Toledo exigió al Jurado Nacional de Elecciones posponer la segunda vuelta, prevista para el 28 de mayo. Ante la negativa del órgano, como el voto era obligatorio, so pena de multa, el líder opositor no llamó a la abstención, sino a que sus compatriotas impugnasen sus votos como protesta, es decir, a sufragar en nulo. Toledo no retiró formalmente su candidatura, casi 30% de los sufragios en segunda vuelta fueron nulos y Fujimori fue reelecto por segunda vez con 74% de los votos válidos.
Sin embargo, el descrédito e impopularidad del régimen no pararon de crecer: la “marcha de los cuatro Suyos” (las cuatro regiones del antiguo Perú incaico), liderada por Perú Posible entre el 26 y 28 de julio, y el escándalo de los “Vladi-videos” (14 de septiembre) fueron los otros antecedentes de la renuncia de Fujimori, enviada por fax desde Japón, y su destitución por el Congreso.
@guimarcastel
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