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Lobby: Una maniobra progresista

Los lobbies o grupos de cabildeo son conocidos como grupos de presión que a través de sus acciones pretende influir en las decisiones de la Administración Pública con el fin de promover decisiones beneficiosas a los intereses del sector que representan.

En América Latina, Lobby es un término utilizado con frecuencia. Al escuchar o leer sobre esto generalmente pensamos en manifestaciones que tienen como objetivo generar presión ante los poderes del Estado, afianzando la lucha por la igualdad y la justicia, así como lograr concientizar a la sociedad en temas polémicos como el aborto, igualdad de género, calentamiento global o ecologismo, entre otros.

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Este tipo de imagen, transmitida por la opinión pública y los medios de comunicación, podría ser considerada un error, pues intenta vender a los ‘lobbies’ como especies de sindicatos que van en pro de las reivindicaciones sociales; sin embargo, estos tienen objetivos y fines completamente diferentes.

Regulación

La ausencia de información y regulación jurídica que controle e instaure los parámetros de actuación de estos grupos ha propiciado que se muevan entre sombras, sin necesidad de hacer públicas todas sus actividades y redes de financiamiento, por lo cual podrían asociarse con prácticas ilícitas como corrupción y tráfico de influencias.

Al hablar de este tema y su falta de regulación en la región latinoamericana, categóricamente se puede utilizar como referencia el sistema estadounidense, siendo en éste donde la figura del lobby ha tenido mayor preponderancia y ocupa, desde mediados del siglo XX, un espacio político especial.

En la actualidad, en Estados Unidos esta actividad es protegida por la ley y es realizada principalmente por empresas que fungen como mediadores pagados por determinados sectores para influir en el proceso de toma de decisiones tanto en la rama legislativa como en la ejecutiva.

Esto no quiere decir que dicha figura sea tan transparente como pudiera parecer a primera vista, o que sus actividades logren ser vigiladas y sistematizadas en su totalidad por el Estado, sin embargo, esto no es óbice para utilizarlo como punto comparativo y analítico, debido -en primera instancia- al reconocimiento de estas actividades en la esfera del gobierno, así como la reglamentación y registros que deben cumplir quienes se dedican a estas actividades de influencia.

Precisamente este método de acción es el que se requiere en el resto del continente, es necesario que los Estados legalicen y reglamenten la esfera de actuación de quienes se dedican a la actividad del ‘lobbiying’. Un nuevo sistema generará como consecuencia cambios progresivos en los diversos sectores; por ejemplo, en lo político, al tener estas actividades contacto directo con funcionarios de la administración pública, podrán evitarse los riesgos de sobornos y corrupción; en lo económico, el Estado tendrá un mayor control del conocimiento de los fondos de financiación y el origen de los mismos; por último, en lo social, se dará un esclarecimiento de los objetivos y fines de estos grupos, y con esto un quiebre de la sistematización o adoctrinamiento que promueven.

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