¿Cambiar qué cosa y a qué costo?
El próximo 4 de septiembre, 15 millones de chilenos tendrán la oportunidad de manifestarse en un plebiscito a favor o en contra de la propuesta de Constitución que busca reemplazar a la que fue aprobada en 1980 durante el mandato del general Augusto Pinochet y que continúa rigiendo los destinos de su país. Ni más ni menos que sustituir la ley más importante según la pirámide de Kelsen. De esta manera, el propósito de las siguientes líneas consistiría en esbozar algunas consideraciones fundamentales que aporten elementos sustanciales para que cada quien pueda responder a la pregunta: ¿cambiar qué cosa y a qué costo?
Cambiar no siempre es para mejorar
Dicen por allí que después del Medioevo la política se ha vuelto más dinámica. Es decir, son más frecuentes los cambios. Mientras antes pasaban los años y las décadas para que un rey sustituyese a otro y el nuevo no promoviera transformaciones políticas, económicas ni sociales durante su mandato, hoy en día estamos acostumbrados a ver entrar y salir gobiernos de todos los colores políticos al cabo de algunos años. Con excepciones, así ha sido. No hay que esperar mucho para ver nuevas caras al frente del ejecutivo. Sin embargo, cabe destacar que cambiar no siempre es para mejorar.
Un ejemplo bastante evidente de tan rotunda afirmación puede ser la misma Chile. Indudablemente, los problemas han existido y seguirán existiendo, pero de ahí a negar que hoy en día esa República cuenta con uno de los mejores estándares de vida en toda Latinoamérica no solo sería falso, sino que representaría el desconocimiento a los logros de una sociedad completa y a un sistema político con grandes méritos que no deberían ser ignorados ni siquiera por el más acérrimo de sus críticos.
La propuesta no consiste en modificar un par de asuntos puntuales o unas palabritas escogidas con pinza dentro de un vasto conglomerado. Hablamos que en los próximos meses podrían estar aprobando una nueva ley fundamental distinta en su naturaleza a la actualmente vigente. Básicamente, las reglas de juego que han regido a ese país hasta ahora podrían ser sustancialmente distintas dentro de muy poco tiempo. La pregunta sería, ¿hasta qué punto hace falta sustituir la Constitución actual para mejorar o solucionar aquellos contratiempos que padece la sociedad chilena?
Una cosmovisión completamente distinta de la sociedad chilena
Como ya adelantamos en el subtítulo anterior, el cambio que plantean los convencionales constituyentes no es simplemente de forma sino de fondo. La cantidad de modificaciones que alberga el nuevo texto advierten de una cosmovisión completamente distinta de la sociedad chilena, o al menos en comparación con la carta magna vigente.
Resulta difícil saber por dónde empezar a comparar ambos textos constitucionales. El proyecto que se someterá a plebiscito próximamente recoge muchos elementos orientados a la justicia y la igualdad social, restándole predominancia al orden público y la libertad individual. La nueva consta de 388 artículos y 54 normas transitorias, en contraste con los 143 artículos y 51 disposiciones transitorias de la actual.
En realidad, las diferencias son tan numerosas como abrumadoras. Son tantas que sería humanamente imposible destacarlas una a una en un artículo como este. Bueno, hablamos de dos escritos con más de cien páginas cada uno. Sin embargo, la principal disparidad entre ambas recae en el contenido ideológico que las sustenta: la actual es pragmática, buscando regular el poder político para evitar los excesos y definir los deberes y derechos de los cuales gozan los habitantes; el texto que la sustituiría es más progresista, se enfoca en otorgar muchos derechos, reconocer e incluir a las minorías sociales dentro del sistema político, económico e institucional y en modificar la forma de concebir al Estado. O dicho en otros términos, la primera persigue lo que toda Constitución suele perseguir; la más reciente le agrega contenido «vanguardista» a los propósitos corrientes de este tipo de textos.
Los sondeos indican que todo continuará igual
Ha llegado una de las partes más interesantes del análisis: escudriñar qué piensan los electores sobre el 4 de septiembre próximo. En este sentido, los sondeos indican que todo continuará igual, o cambiando unas palabras por otras, que el proyecto de Constitución presentado por la Convención Constituyente este año será rechazado en las urnas.
Un breve recorrido por los estudios de opinión llevados a cabo por las principales encuestadoras de la zona reflejan dos etapas claramente diferenciadas: antes de abril, la intención era aprobar la propuesta con importantes márgenes de aceptación. A partir de entonces, la inclinación es a votar en contra del proyecto constitucional. En términos generales, su rechazo se acerca o incluso supera la mitad del total de encuestados, a diferencia de la opción que aprobaría la propuesta, que ronda al 40% de los consultados en unas y otras.
Sería interesante desde el punto de vista político que este escenario acabe imponiéndose. Después de todo, sería un país que teniendo la posibilidad real de modificar su marco jurídico desde sus cimientos, rechazaría hacerlo de manera democrática y civilizada, preservando una constitución aprobada durante una autocracia pero que aparentemente ha formado parte de la seguridad jurídica esencial para que Chile sea considerado como uno de los destinos más envidiables —en el buen sentido del término— del continente. No obstante, sería imprudente contar los pollitos antes de nacer. Esperemos, cada vez falta menos.
La respuesta a las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de este escrito podrán ser respondidas por cada quien basada en sus conocimientos y en lo que acaban de leer. No existe un único criterio para describir el fenómeno, lo que sí podríamos resaltar es que todo indica que el mismo electorado chileno no manifiesta estar muy conforme con sustituir su carta magna, a pesar de las protestas iniciadas en 2019 y de los referéndums celebrados desde entonces para llegar hasta esta desembocadura. Lanzarse al vacío puede implicar abrir las alas y surcar los cielos, pero también podría conllevar a estrellarse estrepitosamente contra el suelo. Indistintamente del resultado, esperemos que la decisión sea la mejor posible para su devenir político, económico y social.